Edición especial, Diciembre, 2001 

Salud Materna
Hospitales de América Latina mejoran la atención post-aborto

Alrededor de cuatro millones de mujeres se someten anualmente a abortos ilegales en América Latina y el Caribe, y cientos de miles acuden a hospitales para ser atendidas por emergencias médicas que resultan de ello.

En la sala de emergencias, mujeres con hemorragia y dolor pueden esperar hasta 24 horas para ser atendidas. Toleran que las culpen por haberse embarazado; dejan que las examinen en presencia de otras personas, se someten a tratamientos sin que medie explicación alguna, no reciben anestesia, y salen del hospital sin saber si todavía son fértiles o cómo evitar un nuevo embarazo.

“Trabajamos para encontrar formas más efectivas para que los hospitales proporcionen servicios integrales de calidad a la paciente post-aborto”, dice James Foreit, director del programa Fronteras del Population Council. “En última instancia, la mayoría de las muertes maternas y de las lesiones se podrían evitar si las mujeres accedieran a servicios e información sobre anticonceptivos”.

En Guatemala, México y Perú, el Council, junto con colegas de hospitales, oficinas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, realiza estudios para mejorar y estandarizar los servicios de atención post-aborto implantando un modelo integral que incluye:

• tratamiento de emergencia que substituye al legrado instrumental uterino (LIU) con la aspiración manual endouterina (AMEU). La técnica consiste en la evacuación del contenido del útero en condiciones seguras, a pacientes de consulta externa;
• medicamentos adecuados, apoyo emocional, privacidad e información sobre la recuperación, el retorno de la fecundidad y las relaciones sexuales;
• PF antes del alta;
• acceso a servicios integrales de salud reproductiva, como exámenes para la detección de infecciones y cáncer.

En México, investigadores del Council colaboraron con un hospital de Oaxaca para establecer este modelo. Después de realizar un estudio basal, los investigadores señalaron áreas débiles, como la necesidad de que los médicos informaran a las pacientes sobre los procedimientos realizados. Posteriormente, se evaluaron los efectos de la intervención.

En Perú, el Hospital Daniel Alcides Carrión evaluó sus prácticas y diseñó un nuevo programa. Pocos meses después, el uso de AMEU se incrementó en 50% y los costos de tratamiento post-aborto de emergencia se redujeron a la mitad.

Los investigadores encontraron también que los doctores que adoptan la AMEU creen que dicho procedimiento no requiere anestesia debido a que no se trata de un legrado; pero la paciente post-aborto, que generalmente presenta una hemorragia, padece siempre de dolor. Por consiguiente, es necesario reeducar a los profesionales de la salud. En la actualidad, IPAS, en colaboración con el Population Council, recopila información sobre la intensidad y duración del dolor que experimentan las mujeres en emergencias post-aborto.

Finalmente, las intervenciones deben identificar al personal que se requiere capacitar: en algunos casos, se trata de residentes y parteras; en otros, son los médicos de la sala de emergencias o los gineco-obstetras los que deben ser capacitados.

Otro aspecto a considerar es la formidable oposición religiosa al tema del aborto. En ocasiones, los gobiernos prefieren no importar equipos para AMEU, pues consideran que pueden utilizarse para inducir un aborto. Los médicos que consideran que las pacientes post-aborto son “pecadoras” pueden no administrar anestesia e imponer cuotas altas, a manera de castigo. Sin embargo, los delegados de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994) establecieron como meta reducir la mortalidad materna en 50% para el año 2000. “Contribuimos a alcanzar esta meta mediante proyectos de investigación operativa que ofrecen atención mejorada a mujeres que llegan a un hospital con complicaciones de un aborto ilegal”, dice Foreit. “En nuestro trabajo nos preguntamos: ¿Cómo podemos crear el cambio y acelerar su dinámica?”

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